El año 2007, la deuda FAD se situaba en 4.185 millones de euros, cifra que supuso casi el 50% de la deuda que reclamaba la Administración española. De esta manera, el FAD se mantiene como el primer instrumento generador de deuda. En este sentido, e muy preocupante observar como el Gobierno continúa haciendo uso de este mecanismo crediticio, que contabiliza como Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), para favorecer la internacionalización de la economía española en países empobrecidos, en lugar de llevar a cabo la reforma legal del mismo, tal y como le exige la Ley 38/2006, Reguladora de la Gestión de la Deuda Externa, aprobada en diciembre de 2006.

El organismo oficial responsable de hacer efectivo los créditos del Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD) aprobados por el Consejo de Ministros es el Instituto de Crédito Oficial (ICO), como organismo financiero público del Estado español.
 
Los FAD son considerados como un instrumento de la política española de cooperación para el desarrollo porque se otorgan en unas condiciones más favorables que las de mercado financiero: tipo de interés más bajos, plazos de devolución del capital prolongados (hasta los 30 años) y períodos de gracia (período que pasa hasta que se empieza a devolver el capital principal) de entre tres y diez años de duración. Estas condiciones hacen que los créditos tengan una parte de donación,q ue debe de ser de un mínimo del 35% para contabilizarse como AOD y de hasta llegar un 50% si son para países más empobrecidos. Se trata, por lo tanto, de financiación de carácter concesional, que se puede considerar AOD. Para que se esto sea posible, además los créditos FAD deben financiar proyectos no rentables en condiciones reales de mercado y deben de estar orientados hacia el desarrollo de los países empobrecidos.

Aun así, el hecho que se condicione su otorgamiento a la compra de bienes y servicios españoles, imposibilita al país que recibe los créditos FAD de disponer de libertad de contratación para la ejecución de los proyectos, inhabilitando a las empresas locales a llevar a término estos contratos. Además, está comprobado que la utilización de ayuda atada acaba incrementando los costes comerciales de estas operaciones, sin ningún tipo de garantía sobre los impactos sociales, económicos y ambientales de las mismas. Según el último informe del Programa de Naciones Unidas al Desarrollo la ayuda ligada reduce el valor de la asistencia entre un 11 y un 30% y las operaciones que comportan alimentación ligada son, en términos medios, un 40% más caras que las no ligadas.

Por otro lado, no se considera que los créditos FAD sean el instrumento más adecuado para luchar contra la pobreza ya que en los países empobrecidos donde se hace uso, se incrementa la dependencia financiera. Así, se agrava la insostenibilidad de la deuda externa, sobre todo en países de renta baja altamente endeudados. También es criticable que este instrumento se esté utilizando, en aras de la cooperación, para invertir en sectores que no son fundamentales para el desarrollo social y humano de las poblaciones más empobrecidas de los países dónde se ejecutan. Por esto, es denunciable que se utilicen estos tipos de créditos (aunque sean concesionales), en vez de donaciones desligadas, hacia los pueblos más desfavorecidos con los que el Estado español tiene un deber y una responsabilidad ética y histórica.