Denominamos deudas de opresión a las resultantes de préstamos contraídos para financiar actividades humillantes, agresivas o criminales contra la población del país que se endeudó.

Tales como:

Un ejemplo paradigmático de deuda de opresión es la generada por el dinero prestado a los gobiernos de Sudáfrica responsables de la política del apartheid aplicada contra la población no blanca entre 1948 y 1991. Al final del período la deuda externa sudafricana era de algo más de 25 mil millones de dólares. Sólo entre 1980 y 1993 se calcula que los beneficios que dejó el régimen de opresión a las corporaciones extranjeras que hicieron negocios en el país, ascienden a 41 mil millones de dólares.

 

El apartheid constituyó un sistema social, económico y político fundado en el principio de la supremacía de la raza blanca y la cultura occidental sobre la población no blanca y autóctona de Sudáfrica.

En términos políticos significó el mantenimiento de una jerarquía de castas raciales que vinculaba el color de la piel con la posibilidad de acceder a los derechos y al poder social y político. Las raíces del apartheid se encuentran en el proceso de expansión del capitalismo europeo que se asentó sobre el control centralizado de la mano de obra (forzada) de la población negra.

La institución de la esclavitud –introducida en Sudáfrica por los colonizadores británicos y holandeses para satisfacer las crecientes necesidades de fuerza de trabajo barata requerida por la explotación del oro y el diamante– fue la base fundacional de la creación de este sistema que se convirtió en la política oficial del gobierno en 1948 y logró mantenerse en el poder por más de 40 años.

 

Aunque ya en 1973 Naciones Unidas había calificado al apartheid como un crimen contra la humanidad, la comunidad financiera internacional continuó concediendo préstamos al gobierno sudafricano.

En 1977, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU juzgó las actividades de estos prestamistas como crímenes contra la humanidad, instigadoras de la continuación de una política racista planificada y ejecutada en gran escala. Consideró entonces que sin la participación de las firmas multinacionales y sin el apoyo de los organismos multilaterales de crédito, el régimen de Sudáfrica nunca hubiera podido implementar a largo plazo este tipo de crímenes.

Por su lado, la Asamblea General en repetidas ocasiones y de diferentes maneras instó a los Estados Miembros a que se abstuvieran de realizar cualquier acto que otorgara directa o indirectamente legitimidad al régimen. Y en 1983, reconoció a los movimientos de oposición como movimientos de liberación nacional y convocó a los Estados a brindarles la necesaria asistencia moral, política y material para el logro de sus fines. Más tarde, Naciones Unidas declaró que, de acuerdo con el Principio de la Libre Determinación de los Pueblos, la situación de Sudáfrica era asimilable a la de una colonia y reconoció la resistencia del pueblo sudafricano como una lucha legítima.  

 

 

Poco se sabe sobre la identidad de los financistas hasta la década de 1970. Pero en 1976, unos meses después de que la rebelión de los escolares de Soweto (cuya represión dejó alrededor de 200 muertos) diera a conocer el apartheid a través de todos los noticieros del mundo, fue de público conocimiento que el FMI, apoyado por Gran Bretaña y Estados Unidos, otorgó a Sudáfrica un préstamo significativo frente a su primer tambaleo financiero.

El monto del préstamo concedido por el FMI, 464 millones de dólares, resultó ser prácticamente equivalente a la suma gastada por Sudáfrica en provisiones militares durante ese año. El espaldarazo multilateral permitió que el gobierno blanco permaneciera en el poder por 15 años más.

Seis años más tarde, en 1982, el FMI estuvo nuevamente dispuesto a cubrir al régimen con un crédito de mil millones de dólares a pesar de las repetidas violaciones a los derechos humanos de las que era responsable y a pesar de que la Asamblea General de Naciones Unidas votara 121 a 3 (con 3 abstenciones) contra la ayuda del FMI a Sudáfrica. En esa oportunidad el apoyo fue netamente político ya que el gobierno sudafricano gozaba de suficiente crédito en la banca privada internacional como para verse en situación de recurrir a un organismo internacional para conseguir financiamiento. Pero la aprobación del crédito por parte del FMI fue su forma de demostrar internamente y en el exterior cuán ineficiente resultaba ser el boicot en su contra orquestado por Naciones Unidas.

 

Sin embargo, los fondos públicos le llegaban al régimen principalmente por medio de acuerdos bilaterales. En 1993, Sudáfrica debía el 90% de sus obligaciones externas a largo plazo a cuatro países acreedores: Estados Unidos, Alemania, Suiza y Francia