Cómo hemos visto en los capítulos anteriores cuando nos fijamos en hasta qué punto los mecanismos de financiación para la internacionalización garantizan que no se producen impactos ambientales o sociales indeseados en los países dónde se produce la inversión directa al exterior, existen graves deficiencias. Estos defectos sistemáticos impiden garantizar que se cumplen los compromisos transfronterizos que el Estado tiene adquiridos en el ámbito de los derechos humanos (especialmente en cuanto a derechos económicos, sociales y culturales) y del medio ambiente. ¿Es posible mejorar las prácticas actuales? La  respuesta es que sí, siempre que exista una voluntad política. En este apartado se presentan algunas propuestas que han sido aplicadas por otros gobiernos o que han sido propuestas por varias asociaciones o movimientos sociales.

Junto con la perspectiva estrictamente técnica expuesta en los subapartados, existen otros aspectos que plantean posibles cambios con una perspectiva más política. En primer lugar hace falta plantearse si estos mecanismos públicos financieros son necesarios hoy en día. ¿Quién se beneficia? ¿Son la mejor manera de utilizar los recursos públicos? ¿Lo es si lo miramos bajo la perspectiva de los ciudadanos españoles y de los países dónde se lleva a cabo la inversión? ¿Y si nos fijamos en el impacto ambiental que se produce?

Siguiendo con esta línea de reflexión haría falta pensar si es legítimo utilizar estos recursos en entornos muy diferentes a la realidad española, y para potenciar sectores que socialmente no son aceptados en España. Por ejemplo, ¿es legítimo utilizar estos recursos para potenciar la venta de armas al exterior al mismo tiempo que se adopta un posicionamiento internacional contra las no intervenciones y bajo una apariencia pacifista? ¿Es legítimo potenciar sectores, por ejemplo el nuclear, cuando en España existe una moratoria?

Existe también una problemática en torno a la democracia. En el ámbito internacional existe una importante discusión sobre las interferencias de las grandes transnacionales en los procesos de gobernación dónde los marcos administrativos y  económicos son más débiles. ¿Tiene sentido promover en estas condiciones las actividades de las grandes transnacionales españolas con recursos públicos en estos países, o se deben limitar a las PIMEs?

Actualmente, a diferencia de lo que sucede en el interior de los países, no existe un mecanismo global claro para establecer cuáles son las responsabilidades en los impactos ambientales y sociales de las transnacionales; el marco global es por lo tanto difícilmente justo. ¿Tiene sentido utilizar recursos públicos para financiar el crecimiento de este sistema económico sin mecanismos de control social y ambiental? ¿Cómo se establecen medidas de compensación para los impactos ya producidos?

Todas estas preguntas no son menores. Al contrario, requieren una revisión de la política económica exterior bajo una perspectiva más humana. Constituyen, sin lugar a dudas, uno de los grandes retos por los próximos años que está sobre la mesa de todos aquellos preocupados por el impacto de nuestro modelo de vida en el exterior de nuestras fronteras. Así como para todos aquellos que quieren una administración pública española que defienda por encima de todo los derechos más básicos de las personas.